La Fiscalía no se anima a investigar a los matones de Blas N. Riquelme en Curuguaty.


Desde Asunción – Paraguay
para PRENSAMERICA INTERNACIONAL

La fiscalía no se anima a investigar a los matones de Blas N. Riquelme en Curuguaty, afirma el concejal de la localidad.

 “Hay antecedentes en años y décadas anteriores de personas que fueron ejecutadas” afirmó el concejal de Curuguaty Santiago Martínez.  ”La fiscalía se limita a perseguir a sectores campesinos, con apoyo de la prensa, que le da las condiciones para que actúe impunemente”, denunció.

El concejal de Curuguaty Santiago Martínez, aseguró que si bien se sabe entre los pobladores de Curuguaty y Canindejú, que el empresario colorado Blas N. Riquelme tiene matones armados, muchos de ellos prófugos de la justicia, “la fiscalía ni se anima a investigar quienes son los empleados”. Hay antecedentes en años y décadas anteriores de personas que fueron ejecutadas en ese lugar por solo ir de cacería, de indígenas que fueron desalojados, aseveró.

“Desde el comienzo apuntamos que los infiltrados fueron los matones de Blas N. Riquelme”, aseguró Martínez al programa Redpública de Radio Nacional del Paraguay, la semana pasada. Esto, con respecto a los enfrentamientos que culminaron con la muerte de 7 policías y 11 campesinos, en la propiedad usurpada por el político colorado al Estado paraguayo.

“Hacia ahí tendría que apuntar la investigación, no solamente a la justicia, a la justicia hay quien la compra. El tema es Blas N. Riquelme”, expresó. “Es un empresario que ha crecido en la dictadura, ¿qué es lo que quiere atajar?, la mensura judicial de la finca madre, que puede descubrir el origen de sus tierras, para defender su tierras malhabidas”, denunció.

Martínez afirma que mucho se habla de la dictadura de Stroessner, de la dictadura parlamentaria, pero muy poco de la dictadura del poder judicial. La causa de todo lo ocurrido es el Poder Judicial según el concejal, “hasta ahora sigue defendiendo a delincuentes, ladrones de tieras malhabidas, delincuentes ecológicos”.

Persecución a campesinos

Santiago Martínez, quien también es dirigente campesino de la colonia Maracaná, denunció así mismo que la fiscalía en Curuguaty se limita a perseguir a sectores campesinos, con apoyo de la prensa, que le da las condiciones para que actúe impunemente.

Uno de los campesinos fallecidos en los enfrentamientos en Curuguaty. Foto: Vicente Páez.

Los acontecimientos en Curuguaty han tenido consecuencias muy graves para la población, comenta, “tenemos ya casi 50 imputados, con expectativas de prisión de 50 años de cárcel”.

La fiscalía dice que puede aumentar, “y lo aumentara”, dice el político. “Cualquiera que resguarde algún herido o alguna persona imputada será cómplice, asegura. Las imputaciones hablan de invasiones de de propiedad, homicidio… como que los 46 detenidos dispararon al mismo tiempo. No se los puede juzgar a todos al mismo nivel, argumentó.

Hay muchos que acompañaron de afuera, “tenemos casos concretos de personas detenidas por solo preguntar por heridos que llegaron al hospital”. El parte oficial es mentiroso, dice, argumentan que lo capturaron en el monte, siendo que todos saben que fue en la cercanía del hospital, y por el simple hecho de ser sanpedrano ya es culpable. Hay muchos prejuicios comentó.

“Quieren destruir las organizaciones sociales”

Los sucesos de Curuguaty rompieron las armonías en el departamento de Canindejú, afirma el concejal Martínez. Siempre las organizaciones buscaban la forma de solucionar los conflictos antes.

En el enfrentamiento no estaban involucradas organizaciones campesinas directas, había campesinos sin tierra que fueron formados por partidos políticos para entrar en dicha propiedad, según le manifestaron heridos y familiares.

“Están queriendo involucrar a gente irresponsablemente” con el objetivo de “que este hecho termine sobre dirigentes de organizaciones sociales, de políticos que trabajen con ellos”, acusó.

Según el concejal, la intención es destruir las organizaciones sociales.

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